La representación política es el acto por el cual una persona actúa en nombre de otra, defendiendo sus intereses. En el ámbito político, es el resultado de un proceso de selección y elección mediante el voto libre y voluntario, donde individuos son designados para tomar decisiones a favor de quienes los eligieron. El representante debe encarnar los intereses del pueblo y ser coherente con su propuesta política.

Sin embargo, la democracia representativa enfrenta dificultades y limitaciones. Jean-Jacques Rousseau criticó que el pueblo pierde su libertad al actuar a través de representantes, prefiriendo la democracia directa. Un riesgo es que las autoridades electas puedan priorizar sus intereses individuales sobre los colectivos, desviándose de sus promesas. Esto puede convertir el gobierno en uno de partidos políticos, influenciado por el poder del dinero y la propaganda, degradando el proceso democrático. Además, la democracia directa no puede ser una práctica constante para todas las decisiones. La ausencia de rendición de cuentas y la falta de transparencia debilitan significativamente el sistema.

Para contrarrestar estas limitaciones, la rendición de cuentas y los sistemas de control son cruciales. La corrupción, derivada de la búsqueda de privilegios personales, puede causar graves crisis. La Constitución del Ecuador de 2008 designa al pueblo como "fiscalizador del poder público", permitiéndole examinar acciones y gastos para prevenir la corrupción. Esta Constitución también prevé la revocatoria del mandato para autoridades que no cumplan sus promesas. La rendición de cuentas debe ser pública, veraz, clara, oportuna y periódica, al menos anualmente. El control ciudadano promueve una actitud activa del pueblo en los asuntos públicos, y la Función de Transparencia y Control Social busca obligar a las instituciones públicas a rendir cuentas.